COMUNICADO APIIDTT 05 DE MARZO 2014

A los pueblos de México y el mundo.
A las organizaciones comunitarias y de derechos humanos.
A los medios de comunicación.
A los gobiernos municipal, estatal y federal.
A la sociedad en general.

Las acusaciones del presidente municipal de JUCHITAN Saúl Vicente Vásquez, contra la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, forman parte de la escalada de criminalización que el gobierno mexicano está realizando contra los movimientos indígenas que defendemos nuestra tierra, territorio y autonomía.
La Policía Comunitaria de nuestra comunidad fue nombrada por la asamblea comunitaria, sus armas son las resorteras, la razón, la justicia comunitaria, y una asamblea comunitaria sólida y reflexiva. Que cada día que pasa, en su vida cotidiana afianza sus conocimientos ancestrales, con respecto a su vida y a sus rituales, colocando los saberes indígenas al mismo nivel que los que trajeron los europeos hace más de 500 años.
En su momento el poderoso consorcio Mareña Renovables, junto con el gobierno, nos acusó de ser enemigos del progreso y del desarrollo y lanzó una campaña de amenazas de muerte y feroz persecución contra nuestros compañeros. La ofensiva de las empresas transnacionales y el estado mexicano hoy la encabezan los coceistas, quienes tienen una gran fuerza política en nuestra región. Héctor Sánchez López, Alberto Reyna Figueroa, Roberto López Rosado, Leopoldo De Gyves de la Cruz, Mariano Santana López y Gloria Sánchez López, a través de Saúl Vicente Vásquez, presidente municipal de Juchitán. ¿Qué mejor aliado para el estado mexicano que estos supuestos dirigentes de izquierda?
La acusación de que existe un grupo armado en nuestra comunidad autónoma, lleva la intención de desatar una feroz represión contra nuestro movimiento de autonomía y defensa territorial. La vida en la comunidad continúa sin ninguna alteración, el Cabildo Comunitario sigue trabajando arduamente, reconstruyendo su vida comunitaria, al igual que la Policía Comunitaria.

Saúl Vicente en un comunicado emitido el 04 de marzo, difama a nuestra asamblea y tergiversa información declarando que somos “un grupo de personas armadas de no más de 70 integrantes y se quieran mantener como la “Asamblea comunitaria”, pues están demostrando con estos hechos de agresión su vocación antidemocrática y violenta y no precisamente de defensores de derechos humanos.
Solicito garantías y protección de las autoridades estatales y federales y de derechos humanos para el nuevo Agente Municipal, de los integrantes de la Agencia Municipal y de mi propia persona por las acusaciones y amenazas que han proferido este grupo de personas armadas en nuestra contra”.
Por esto nos encontramos en alerta ante la idea de que se ejecute esta amenaza y envíen a nuestra comunidad a la Policía Federal y la Marina Armada pues, el mismo Hacemos un llamado al movimiento social a que no permita una agresión más contra los pueblos indígenas.
Anexamos fotos de la comunidad, para dejar manifiesto que la vida en la comunidad continúa de manera cotidiana, con asamblea permanente. Y la tensión que existe es generada por la amenaza de que vaya a entrar la fuerza pública.

¡LA TIERRA, EL MAR, EL VIENTO, NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN!
ASAMBLEA DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y
EL TERRITORIO.