Criminalización de la lucha en México Defensora Bettina Cruz en riesgo de ser encarcelada

En México, la criminalización de la protesta social es parte de la estrategia actual del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto. El ex gobernador del estado de México, conocido por haber reprimido sangrientamente la movilización contra la construcción de un nuevo aeropuerto en San Salvador Atenco, cerca de la capital, en 2006, quiere silenciar todas las luchas en defensa del territorio para poder entregar mas fácilmente la riqueza natural de su país a la inversión privada.

Los presos políticos se suman día a día, en todos los Estados. En Guerrero, Mario Suástegui, líder del Cecop (Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota) en Acapulco, está en la cárcel desde junio. En Sonora, Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui en resistencia contra el Acueducto Independencia, que va a afectar al sagrado río Yaqui y el acceso al agua potable en la región, fue detenido el 11 de septiembre. Recibió auto de formal prisión la semana pasada por delitos que no ha cometido. Y este martes, otro integrante de la Tribu Yaqui, Fernando Jiménez, fue detenido a su vez de manera arbitraria.

En este contexto, la luchadora Bettina Cruz, gran figura de la resistencia a la multiplicación de los parques eólicos en el istmo de Tehuantepec, una de las regiones más ventosas del mundo ubicada en el estado de Oaxaca, corre el peligro hoy de ser condenada a la carcel. La sentencia que un juzgado local debe pronunciar en los próximos días podría ser de cinco a diez años de prisión.

La valiente activista de 50 años, quien coordina desde 2007 la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y del Territorio (APIIDTT) con su esposo Rodrigo Peñalosa, está acusada por la Comisión Federal de Electricidad de haber organizado una protesta en frente de sus oficinas en el istmo en abril de 2011. Betina sólo participó de esta marcha y nunca la inició pero las autoridades necesitan culpar a los lideres más reconocidos y respetados para generar terror. Puso una demanda contra ella por delito “contra el consumo y la riqueza nacional” y por “privación de libertad”, por haber impedido a sus agentes trabajar y salir de sus oficinas durante la protesta.

Sin embargo, la activista no ha dejado de luchar y organizó una nueva manifestación en Juchitán, el municipio más importante del istmo, hace tres semanas. Allí nuestra colaboradora Marie-Pia Rieublanc grabó una parte de su alocución durante la marcha y la entrevistó para conocer su historia, emblema de la criminalización de las luchas socio-ambientales en el Istmo.

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