Demandas agrarias contra empresas eólicas en el Istmo llaman la atención de la ONU

Oaxaca | pagina3.mx | Pedro MATÍAS | Windräder
El caso de los comuneros de Unión Hidalgo que presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario, Distrito 22, con sede en Tuxtepec, para anular los contratos con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex, S.A. de C.V.), subsidiaria de la compañía española Renovable Energy, ya llegó hasta la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas.

La organización no gubernamental Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) precisó que el caso le interesó sobremanera a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas tan es así que su Unidad de Observación acompañó, el pasado 11 de junio, a los comuneros y la audiencia celebrada en el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec.
La organización ProDESC precisó que desde el 2011 acompaña la defensa de los derechos humanos, a la tierra, el territorio y bienes naturales a 28 comuneros de esa comunidad indígena zapoteca.
Precisó que los comuneros se acercaron a esa organización para solicitar su ayuda en el desarrollo de una estrategia legal, razón por la que entablaron una demanda para solicitar la nulidad de esos contratos desventajosos.
La demanda fue interpuesta el 11 de junio de 2013 y actualmente se han tenido avances respecto al reconocimiento de la propiedad social y no privada de las tierras sobre las que se firmaron los contratos, subrayó la vocera de la organización Adriana Aguilar.
Detalló que el juicio en este momento se encuentra en su etapa inicial y la próxima audiencia se encuentra programada para el 11 de septiembre de 2014.
En el reportaje que aparece en el número 1969 del semanario Proceso y en el portal pagina3.mx revela que la industria eólica lejos de traer desarrollo ha dejado pobreza, discordias intercomunitarias, inseguridad y denuncias agrarias.

http://pagina3.mx/principal/16580-demandas-agrarias-contra-empresas-eolicas-en-el-istmo-llaman-la-atencion-de-la-onu.html

 

ACAO impugnará sentencia del TEEPJO a Sala Xalapa

Diana MANZO

JUCHITÁN,OAX.- La Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón (ACAO), que pertenece al municipio de Juchitán, determinó por unanimidad que no acatarán la resolución presentada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca (TEEPJO).

Así lo dieron a conocer luego de TEEPJO notificó su desconocimiento a ACAO, la cual fue elegida por medio de sistemas normativos (usos y costumbres), aseguran que impugnarán la resolución de este organismo estatal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con sede en Xalapa Veracruz.

Los integrantes del Cabildo Comunitario, quienes fueron elegidos en el mes de diciembre por la máxima autoridad que es la Asamblea Comunitaria, la cual está integrada por hombres y mujeres indígenas así como el Consejo de Ancianas y Ancianos, señalaron que esta resolución no significa nada, puesto que ellos únicamente toman a consideración lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, donde indica que los pueblos indígenas tienen autonomía, soberanía y libre derecho a ser elegidos por una asamblea indígena.

Odelio López Vicente, agente comunitario de Álvaro Obregón, señaló que la Asamblea General determinó que ellos no reconocerán nada de lo que el TEEPJO les notificó el viernes pasado y, que seguirán con su resistencia ante los proyectos eólicos que quieran privar la libertad de los pueblos indígenas.

Señaló que lo único que exigen a las autoridades tanto federal, estatal y municipal, es su reconocimiento como Cabildo Autónomo y asimismo cerciorarse que los recursos que el Gobierno Federal asigna para las agencias municipales lleguen a las comunidades.

Como Álvaro Obregón donde según el Diario Oficial de la Federación, cada año debe recibir 8 millones de pesos, de los cuales la autoridad municipal de Juchitán no aplica los recursos para obras e infraestructura social.

Asimismo, Pedro López Orozco, señaló que el supuesto resolutivo emitido por el TEEPJO, es un juego sucio y oscuro planeado por el Gobierno Federal, Estatal y Municipal para dejar abierta la posibilidad a la empresa eólica Gas Natural Fenosa, transnacional que ahora intenta tomar la batuta de la Barra Santa Teresa e instalar aerogeneradores en la zona de Álvaro Obregón.

“Quieren truncar la resistencia que tenemos en los indígenas zapotecas de Álvaro Obregón como lo hicieron con San Mateo y San Dionisio del Mar, a ellos les pusieron un administrador para poder negociar con las empresas eólicas y es lo mismo que quieren hacer con nosotros, pero no lo vamos a permitir, somos un pueblo que vive en resistencia social y eólica”, concluyó.

Los integrantes del Cabildo Comunitario, dejaron claro que la resistencia social que comenzaron desde noviembre del 2012, va en serio y no es un juego de lucha política, sino de construir mejoras de infraestructura social para esta comunidad zapoteca, la cual vislumbra en los próximos meses constituirse como Ayuntamiento Autónomo.

¿El viento es nuestro?

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

La verdad y la no violencia constituyeron la esencia del pensamiento de Mahatma Gandhi. Su vida, definida por él mismo como su mensaje, fue una búsqueda cotidiana de la verdad, única fuerza capaz de transformar al individuo como primer paso de cualquier cambio social. En todas sus acciones y programas constructivos Gandhi buscó para el mundo el triunfo de la verdad, herramienta de humanización contra la violencia provocada por el error de aceptar la injusticia y la mentira; en 1920, afirmó que quien no sabe lo que es decir la verdad es como una moneda falsa y sin valor.

Pienso en esto mientras observo el escenario mexicano, marcado por la intención del poder constituido de imponer la mentira a través de una violenta ofensiva mediática que raya en el fascismo, estrategia que funcionó en la compra de la Presidencia y que ahora se aplica como praxis de gobierno para confundir, desinformar y utilizar el odio social como instrumento de dominación. Analicemos una cara del mensaje que Peña Nieto pretende inocular cada minuto en el imaginario del nacionalismo basura que predomina en México: el viento es nuestro. ¿De verdad?

El viento fue considerado hace décadas como fuente renovable de energía eléctrica (energía eólica), esperanza de mejoras en la vida de las regiones que cuentan con dicho recurso y factor de posible autosuficiencia energética. En la última década del siglo XX y ante el calentamiento global, las energías renovables y la transición energética fueron convertidas por los corporativos trasnacionales en oportunidad para millonarios negocios calificados falsamente como verdes. El viento fue transformado entonces en una codiciada mercancía, despojándolo de sus potenciales beneficios sociales. Con ello, las magníficas corrientes eólicas de México quedaron en la mira del neocolonialismo empresarial. Las reformas impuestas por Salinas en 1992, por Zedillo en 1997 en materia de energía eléctrica y por Calderón en 2008, abrieron el camino de la privatización del sector eléctrico nacional. Los particulares adquirieron facultad de generación, cogeneración, autoabastecimiento y garantías para la compra de sus excedentes eléctricos por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual ha abatido artificialmente su capacidad para dejar espacio libre a estos negocios. Hoy, 31 por ciento de la energía eléctrica que se genera en México proviene de empresas privadas, mayoritariamente extranjeras.

En cuanto al viento, la CFE centró sus esfuerzos en el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, único en el mundo, que permitió en 1994 instalar con éxito un primer campo de siete aerogeneradores que produce 1.5 megawatt (Mw). Sin embargo, en lugar de crear un plan de desarrollo sustentable de energía eólica en beneficio de las comunidades del istmo, la CFE entregó el recurso eólico para megaproyectos de abastecimiento eléctrico a empresas privadas que adquirieron, además, posibilidad de traficar mundialmente bonos de carbono. Las poblaciones del corredor eólico, predominantemente indígenas, quedaron así expuestas al desarrollo de campos eólicos a gran escala. En la década reciente, la ocupación del istmo para instalación masiva de aerogeneradores avanza, y los enfrentamientos aumentan entre quienes se resisten al despojo de sus recursos y quienes deciden entregar por 30 años sus tierras a las empresas a cambio de una miserable renta, pero sobre todo, a cambio del bien comunitario.

La presión sobre la tierra istmeña para transferir intensivamente la riqueza eólica de sus cielos al capital privado ha causado daños sociales y ambientales, muy superiores a los supuestos beneficios que debió traer a la región el aprovechamiento de sus vientos. En el corredor de Tehuantepec operan ya 16 campos eólicos que impactan una superficie mayor a 50 mil hectáreas; nueve producen 650 Mw con más de 350 aerogeneradores para autoabastecimiento de empresas como Cemex, Bimbo, Femsa-Coca-Cola, Walmart y Peñoles, y pertenecen en su mayoría a trasnacionales de España e Italia. Cinco campos más, de empresas españolas, son productores independientes y generan 511 Mw con 393 aerogeneradores. Los dos restantes pertenecen a CFE y cuentan con 107 aerogeneradores para 85 Mw.

De los mil 280 Mw de energía eólica que se producen actualmente en México, mil 184 Mw son generados por empresas predominantemente extranjeras, mismas que concentran en Tehuantepec la mayor parte de la producción (mil 161 Mw). Sin embargo, esto es sólo el comienzo. En su lógica de máxima ganancia las trasnacionales pretenden contar para el 2030 con cinco mil aerogeneradores en el istmo para producir hasta 7 mil Mw, equivalentes al 10 por ciento de la producción nacional, lo que impactaría, en cálculos conservadores, más de 150 mil hectáreas de tierras ejidales y comunales, además de daños a ecosistemas asociados, afectaciones profundas a las relaciones sociales y económicas de la región y pérdida de soberanía política y energética.

La publicitada limpieza de la energía eólica en México es un mito: su origen mercantil y masivo tiene como destino final industrias depredadoras, no el beneficio social. La embestida trasnacional sobre los recursos eólicos del país incluye múltiples estrategias: reclutamiento de ex funcionarios como Georgina Kessel, ex secretaria de Energía y actual asesora de Iberdrola; cabildeos políticos para modificar la Constitución y consolidar la privatización del sector energético; inducción de conflictos comunitarios y violencia social; despliegue de organizaciones no gubernamentales trasnacionales y mercenarias para penetrar comunidades, como el caso del Barefoot College al servicio de la italiana Enel en Oaxaca, etcétera.

Lázaro Cárdenas calificó en 1938 la expropiación petrolera como un acto de soberanía, dignidad y profunda liberación económica del país. Peña Nieto, en contraste, está convertido en una moneda falsa y sin valor.

* Investigador de El Colegio de San Luis, AC

No a las eólicas

Intentan desalojar a zapotecas de San Blas Atempa de un predio que pelea Osvaldo García Criollo Intentan desalojar a zapotecas de San Blas Atempa de un predio que pelea Osvaldo García Criollo

Pagina3.mx.- Diana MANZO / Corresponsal

Sábado, 19 Abril 2014

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Oaxaca | pagina3.mx | Diana MANZO / Corresponsal |

SAN BLAS ATEMPA, Oax.- Este sábado, la policía del estado con un contingente de 200 policías intentó desalojar a 300 habitantes de este municipio, quienes se posesionaron de un terreno de tres hectáreas propiedad de la Comisaría de Bienes Comunales, lo cual provocó un zafarrancho donde por fortuna no hubo heridos ni detenidos. Seguir leyendo

Tierra y libertad: el zapatismo en el siglo XXI

Francisco López Bárcenas

El gobierno mexicano escogió el 10 de abril, fecha del asesinato del general Emiliano Zapata, para advertir que en los actuales tiempos neoliberales la demanda de tierra y libertad ya no tiene cabida. Ese día, el gobernador de Jalisco informó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha decidido mantener la cortina de la presa El Zapotillo a 105 metros, y no a 80, como le ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desacatando la sentencia del máximo tribunal mexicano y mostrando su poco interés por el estado de derecho, cuando de defender los intereses de los empresarios se trata. Como era de esperarse, los afectados reviraron de inmediato denunciando la ilegalidad de las acciones gubernamentales y manifestado su determinación de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que haga valer su resolución, y en caso necesario acudir a los organismos internacionales para defender sus derechos. La cerrazón gubernamental en lugar de resolver el problema lo redimensiona y catapulta a instancias internacionales.

El anterior es sólo un ejemplo de las maneras en que se está despojando a los campesinos y pueblos indígenas de las tierras que se ganaron en la Revolución Mexicana y el Estado les entregó por medio de la reforma agraria. La expropiación y la imposición de las restricciones necesarias para mantener el sentido social de su uso y aprovechamiento, tan importantes cuando los gobiernos todavía se ocupaban de generar condiciones para el desarrollo de los mexicanos, se están usando ahora para despojarlos de sus recursos naturales y entregarlos a los intereses del capital extranjero. No sólo es la construcción de represas sino también la instalación de gasoductos y generadores de energía eólica, la construcción de carreteras o la concesión de los recursos mineros, forestales e hídricos; o la implementación de los servicios ambientales. Todos estos proyectos llevan implícita la pérdida del control de los pueblos sobre sus territorios y recursos naturales. Por eso hablan de despojo.

Este tipo de políticas traen aparejada la represión contra los opositores. Desde hace meses los integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio vienen sufriendo agresiones, que se agravaron este mes de abril. El primer día del mes la Policía Comunitaria General Charis, de la comunidad binnizá Gui’xhi’ Ro’-Álvaro Obregón, fue atacada con piedras, resultando herido en la nuca uno de sus integrantes; el 9 de abril dispararon desde una camioneta de la policía municipal contra Moisés Jiménez, y el 13 Nibardo Toledo Vicente fue atacado, resultando con varias heridas en el cuerpo. El 10 de abril se estuvo hostigando a Carmen Ruiz, que el año pasado había sido amenazada para que abandonara la lucha. Todo por la defensa de su territorio y su gobierno autónomo.

Donde con más saña se ha dado la represión en este mes de abril es en el estado de Puebla, contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, por oponerse al gasoducto Morelos que, de realizarse, cruzará las faldas del volcán Popocatépetl, afectando varias decenas de comunidades. El día 6 de abril fue detenida la señora Enedina Rosas Vélez, de 60 años de edad, comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan, por su oposición al gasoducto; al día siguiente el detenido fue Juan Carlos Flores Solís, cuando salía de las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, adonde había acudido a presentar una queja por la detención de su compañera de lucha. Otro de los afectados es el doctor en sociología Ricardo Pérez Avilés, catedrático de la Universidad Autónoma de Puebla, quien junto con su familia ha sido amenazado por su apoyo a los opositores al gasoducto. La situación puede empeorar, pues se habla de la existencia de 250 órdenes de aprehensión en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos, listas pare ejecutarse.

Hay otros lugares que resisten el despojo. Uno de ellos es San Francisco Xochicuautla, estado de México, en territorio del pueblo ñätho-otomí, donde todavía existe uno de los últimos bosques del Altiplano Central mexicano que permite proveer de agua al pozo Tlaloc-1, que alimenta de agua a la ciudad de México. Todo esto puede terminar por la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, a lo que los pueblos se oponen. Otro espacio de resistencia es el ejido El Carrizalillo, en el estado de Guerrero, que enfoca sus esfuerzos en conseguir mejores precios por el arrendamiento de sus tierras a la minera GoldCorp; un tercero es el pueblo cucapá en el norte del país que reclama su derecho a la pesca, vedado por el gobierno federal; y un último el pueblo rarámuri, en el estado de Chihuahua, librando importantes batallas en defensa del territorio y los recursos naturales. Estas luchas demuestran que contrariamente al discurso oficial, entre los pueblos campesinos e indígenas de México el grito de tierra y libertad, que distinguió a los zapatistas a principios del siglo XX, sigue resonando en los valles y montañas mexicanos. Redimensionado y todo, para ellos sigue siendo vigente.

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De la resistencia la autonomía en Álvaro Obregón (Gui’xhi’ ro’), Oaxaca

La desconfianza y el hartazgo contra los políticos impulsaron a los zapotecos de la colonia Álvaro Obregón (Gui’xhi’ ro’), en Juchitán, Oaxaca, a tomar posesión de su gobierno. El punto de quiebre fue “que la gente se dio cuenta de que el gobierno hace más por las empresas eólicas y los ricos que por los pobres”, afirma a Ojarasca  Jesús Herrán Montero, miembro del cabildo comunitario.

El parque eólico de la empresa Mareña Renovables —el que desató la oposición, pues “nos dimos cuenta del maltrato que esos proyectos hacen a los pueblos, como en La Ventosa”, explica Herrán— se proyectó sobre tierras y aguas de la barra de Santa Teresa, en San Dionisio del Mar, pero a la resistencia se unieron otras comunidades ribereñas, como Álvaro Obregón, pues de los mismos lugares obtienen su sustento aunque estos “pertenezcan” a los ikjots de San Dionisio. “Somos campesinos y pescadores, pobres pero felices porque tenemos todo cerca. Si nos sacan de aquí, no nos queda nada”, declara el campesino.

La resistencia ha sido tensa, califican los habitantes. Uso de golpeadores e incursiones policiacas contra las barricadas han sido la constante, además de invasiones de terrenos por parte de la empresa. La resistencia física y política de los pueblos de San Dionisio, Juchitán, Álvaro Obregón y San Mateo del Mar–bloqueos, toma de presidencias oficiales y barricadas— resultó en la confirmación, en enero de 2014, de que el proyecto estaba “muerto” en Santa Teresa y se llevaría a otra zona del Istmo de Tehuantepec.

Sin embargo, el cambio de resistencia de los pueblos a autonomía ya estaba echado a andar. El 9 de febrero del 2013, en Álvaro Obregón decidieron constituir la policía comunitaria y elegir por usos y costumbres a sus  autoridades. El cabildo autónomo, que tomó posesión el 1 de enero de 2014, controla la agencia municipal y tiene a su servicio camiones de volteo, ambulancia y patrullas. “Los otros (los políticos oficiales) son los mismos de siempre, ladrones y corruptos. Por eso escogimos quién va a trabajar bien por el pueblo”, afirma el comunitario.

Los servicios públicos, ahora supervisados por la asamblea, están funcionando: escuelas, mercados, salud y transporte público. “El cabildo está haciendo bien las carreteras, los caminos, los zanjones y la limpieza de lo que está mal; todo lo que no hicieron en 30 años los políticos, se está haciendo. Y eso que no nos llegó recurso”, describe Herrán. Afirma que el cuerpo comunitario de justicia cumple “porque los nombró la asamblea: son escogidos para vigilar al pueblo”.

El presidente oficialista, Saúl Vicente Vázquez (del Partido de la Revolución Democrática), no se quedó con los brazos cruzados. “Está haciendo presión allá en Oaxaca, hasta con bloqueo de carreteras. Piensa que así va a lograr algo, pero ya en este tiempo no va a pasar. La comunidad es la que manda”, advierte el comunitario.

La respuesta oficial vino en forma de detenciones a la Policía Comunitaria “General Charis” y miembros del cabildo comunitario —que tuvieron que ser liberados sin cargos— en marzo, la suspensión de servicios de salud y agresiones a pedradas por parte de funcionarios y servidores públicos oficiales en abril.

“Los grupos políticos hacen muchas cosas, dicen falsedades y burlas, pero nosotros seguimos pacíficos”, aclara Herrán. Detalla que les pretenden atribuir la quema de casas y golpizas a personas, pero nadie cae en el engaño y “todos saben quiénes son los responsables”.

La mayoría de los habitantes, valora Jesús Herrán, están contentos con el trabajo autónomo del cabildo. “Como en todos lados, hay gente a la que compran con una despensa, pero acá la gente ya no las quiere recibir porque ya sabe que son engaños”, dice el integrante del cabildo. El dinero para los “engañadores” de los partidos, asegura Herrán, viene todavía de la empresa eólica “aunque ahora no se le vea. Dan hasta 10 mil pesos por persona”.

“Nosotros luchamos con la ley y la justicia, y estamos ganando. Parece que la empresa y los políticos están arriba de nosotros, pero no es así”, finaliza Herrán. “Aquí estaremos resistiendo hasta que quede libre el pueblo”.

Adazahira Chávez Pérez

http://www.jornada.unam.mx/2014/04/12/oja-oaxaca.html

Productores chiapanecos bloquean rutas de acceso a los Chimalapas


11 de abril de 2014
Estados

http://www.proceso.com.mx/?p=369464

OAXACA, Oax. (apro).- El Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas denunció que campesinos y ganaderos chiapanecos bloquearon desde anoche el camino de acceso que utilizan los habitantes de Benito Juárez y San Antonio, situación que podría generar un enfrentamiento.

Autoridades de ambas entidades se trasladaron a la zona para mediar entre los grupos rivales y evitar mayores afectaciones.

Por parte de Oaxaca, acudió el consejero jurídico Víctor Hugo Alejo y el subsecretario de Operación Regional de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Ruiz Martínez, en tanto que en representación del gobierno chiapaneco asistió el subsecretario de Gobierno, Ezequiel Orduña.

No obstante, el Comité advirtió que “es inminente una movilización de comuneros de los Chimalapas de Benito Juárez y San Miguel para desbloquear a la fuerza ese camino”.

Las autoridades comunales de esas comunidades han acusado a Alejo Torres de entorpecer la defensa legal de los Chimalapas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Apenas el 28 de febrero, indígenas zoques de los Chimalapas, además de quemar una patrulla y decomisar maquinaria del gobierno de Chiapas, retuvieron al comandante de la policía chiapaneca Raymundo Vásquez Coutiño, así como a otras dos personas.

Una semana antes, la asamblea comunitaria de Benito Juárez acordó llevar acciones de defensa del territorio de los Chimalapas ante la “tibia actitud” del gobierno de Gabino Cué frente a las constantes invasiones de los chiapanecos.

Como parte de la defensa del territorio chimalapa, los comuneros zoques del poblado Benito Juárez recuperaron un paraje que había sido invadido recientemente por los chiapanecos del ejido Gustavo Díaz Ordaz, donde ingresaron sin resistencia.

Y el viernes 28 de febrero incursionaron en el ejido Rudolfo Figueroa, donde incendiaron una patrulla, decomisaron una retroexcavadora y una moto-conformadora del gobierno de Chiapas y retuvieron a tres chiapanecos.

El agente auxiliar del comisariado comunal de Benito Juárez, Teodoro Gutiérrez Miguel, declaró en esa fecha que “los Chimalapas se cansaron ante tantas burlas del gobierno de Chiapas, porque a pesar de que un juez federal ordenó la suspensión de acciones en la zona de conflicto, Chiapas siguió su expansión”.