Las organizaciones políticas clientelares, llamadas de izquierda pero intermediarias de las empresas eólicas y acostumbradas a controlar a la población, renuevan sus ataques contra los indígenas que defienden sus territorios.
En el Istmo de Tehuantepec, la comunidad zapoteca de Álvaro Obregón (Gui’ Xhi’ Ro’, en su lengua) logró una hazaña: unos cientos de pescadores y campesinos, armados con machetes y piedras, enfrentaron con éxito a una trasnacional con capitales holandeses, australianos y japoneses, apoyada por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Unión Europea y promovida por los tres niveles de gobierno mexicanos (federal, estatal y municipal).
Con el bloqueo de la única vía de acceso a la barra Santa Teresa, iniciado el 2 de noviembre de 2012, Álvaro Obregón hizo fracasar un proyecto monstruoso, que planeaba llenar de hormigón y cemento a un sitio frágil y único, ubicado entre las dos grandes lagunas del Istmo, para instalar 132 aerogeneradores. Esto hubiera privado a cientos de familias istmeñas, acostumbradas a pescar en estas aguas, de un recurso fundamental.
Álvaro Obregón fue, hasta ahora, una simple agencia municipal de Juchitán. Desde hace más de 30 años, Álvaro Obregón fue también la reserva electoral de la COCEI. A este lugar vino la organización a pedir ayuda siempre que la competencia con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se volvía cerrada. Ese peonaje electoral se acabó el 2 de noviembre de 2012, cuando los habitantes se dieron cuenta de que los líderes de la COCEI malvendieron su territorio de pesca y que les mintieron –como lo hizo Héctor Sánchez en una junta pública- al decir que está garantizada la continuidad de la pesca.
La COCEI, movimiento que nació con los años setentas como de extrema izquierda, llegó a la presidencia municipal de Juchitán por primera vez en 1981, y renunció desde hace mucho a las luchas por la restitución de las tierras comunales. Con su institucionalización, se convirtió en una mafia política de clientelismo, que gobierna Juchitán comprando la fidelidad electoral de los pobres y reprimiendo brutalmente a los disidentes. Sus dirigentes, que usaron la presidencia municipal como pasarela para llegar a ser diputados o senadores, se volvieron un ejemplo escandaloso de corrupción y de malversación de fondos. Poseen ahora inmensas haciendas, manejan coches de lujo y circulan rodeados de pistoleros, además de rivalizar con el PRI en la venta del territorio istmeño a las trasnacionales eólicas.
Álvaro Obregón pagó el precio de la corrupción institucional: la mayor parte del presupuesto que debe recibir, el cuatro por ciento del de Juchitán, se pierde en camino. No dispone de un sistema de drenaje, ni tampoco de una red de agua potable o de recolección de basura; sus calles, en general sin pavimentar, se transforman en lodo durante la temporada de lluvias. La única inversión fue en el edificio de la agencia municipal. Ser agente municipal en Álvaro Obregón es disfrutar de una renta en una situación cómoda. Sólo que ahora la renta se agotó.
En esta agencia municipal, la COCEI dejó de ilusionar y los partidos políticos están prohibidos en la comunidad. Las elecciones municipales de julio de 2013 no ocurrieron porque los habitantes decidieron arreglar ellos mismos sus asuntos. Después de constituir su policía comunitaria, revitalizaron el Consejo de Ancianos y crearon una asamblea comunitaria que designó a un cabildo. Unos días después, la asamblea ocupó el edificio abandonado de la agencia municipal. El corazón de la resistencia se desplazó de la Casa Charis, en la ruta de la barra Santa Teresa, a la agencia, en el zócalo del pueblo.
El presidente municipal de Juchitán, Saúl Vicente -del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-, fue expulsado de Álvaro Obregón por una multitud enojada cuando vino a hacer su campaña electoral en la primavera de 2013. Decidió realizar una elección municipal bajo la presión de sus aliados de la COCEI y sin tomar en cuenta la oposición de la comunidad. Saúl Vicente es encargado de Asuntos Indígenas en las Naciones Unidas, y paradójicamente le niega a una comunidad indígena el derecho a la autodeterminación.
En la noche del sábado 1 de marzo se realizó una vigilancia tensa y la policía comunitaria multiplicó sus patrullajes. En la mañana del domingo, la multitud se acercó a la agencia municipal. A la entrada del pueblo, los seguidores de los partidos políticos celebraban un mitin electoral en un salón de baile, y cada uno de los cuatro candidatos contó con una decena de afiliados, en su mayoría procedentes de Ejido Zapata.
Agrupados frente a la agencia municipal, los comuneros se preguntaron qué hacer. Decidieron marchar en protesta, cuando de repente se oyeron gritos y disparos, junto con el ruido las piedras lanzadas sobre la única calle pavimentada del pueblo. Los atacantes eran esbirros de la COCEI y del PRD. Los indígenas comenzaron a defenderse y las mujeres se apuraron a poner a las niñas a salvo antes de regresar con las manos llenas de piedras. Durante una hora, las pedradas volaron de ambos lados, y varios habitantes resultaron heridos en el rostro. Los atacantes por fin se replegaron: uno de ellos fue capturado, y liberado una hora después.
Luego llegaron tres camiones de la Marina. Fue Saúl Vicente quien los llamó, después de provocar los enfrentamientos con su obstinación de imponer una elección partidista en una comunidad que claramente manifestó su rechazo. La asamblea fue a su encuentro y luego de una pequeña explicación, los militares se regresaron, pero patrullaron en Álvaro Obregón durante toda la noche. Los capi mafiosi de la COCEI no se quedaron allí, y al día siguiente juntaron a su clientela política para organizar un mitin frente al palacio municipal, en el que los habitantes de Álvaro Obregón fueron insultados y calumniados.
En Juchitán, la COCEI controla a miles de personas a través de sus compañías de moto-taxis, de invasiones de tierra y edificación de colonias, así como distribución de empleos municipales. El que se atreve a desobedecer a las consignas de los dirigentes puede perder su moto-taxi o su casa. Ponerse en su contra lleva a un castigo, como le ocurrió el año pasado a Carlos Sánchez “El Bexhe”, locutor de Radio Totopo, quien fue molido a palos por los secuaces de Gloria Sánchez por haber defendido a un grupo independiente de moto-taxis en la Sección 7 de Juchitán. En este mismo barrio, varios pescadores opuestos a los proyectos eólicos fueron comprados por los políticos de la COCEI, intermediarios de la Unión Fenosa. En Juchitán destruyeron todo sentido moral, reduciendo la vida pública a una sencilla distribución de dinero. Así acostumbraron a gran parte de la población a la pasividad, a esperar que caigan las migajas del banquete en el cual hombres de negocios y políticos deciden del futuro de las poblaciones indígenas del Istmo.
Los habitantes de Álvaro Obregón enseñan la vía contraria, la de la dignidad y del valor. Su movimiento reúne a hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, en la misma exigencia de controlar su destino común, de dejar de ser juguetes entre las manos de ilusionistas profesionales. Grandes amenazas se anuncian. Saúl Vicente llama las autoridades judiciales a emitir órdenes de aprehensión contra la gente de Álvaro Obregón y en contra de quienes les apoyan, en particular la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT). Por su lado, la COCEI prepara una nueva ofensiva en contra de la comunidad que se atrevió a liberarse de su control. La Asamblea Comunitaria de Álvaro Obregón, cuya lucha es ejemplar para todo el Istmo de Tehuantepec y para México entero, necesita apoyo activo.
